ESTAMOS EN GUERRA Y NADIE SE ENTERÓ...

Si bien la mayoría de los lectores del blog leen la Revista Cabildo, transcribimos el siguiente artículo para quienes no lo hayan leído aún:


Caso Aigo: Tres años de impunidad 

La guerra "mapuche" continúa y se intensifica


Carlos Matías LOPEZ

EL pasado 7 de marzo se cumplieron tres años del asesinato a sangre fría del policía sargento ayudante José Eduardo Aigo. Fue perpetrado por dos terroristas chilenos, que aún continúan prófugos, en las "inmediaciones del paraje Pilo Lil, provincia de Neuquén. Al momento del crimen, eran acompañados por el hijo del intendente por el Frente Para la Victoria (FPV) de la ciudad de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández.



Los familiares del efectivo ultimado esperan respuestas que esclarezcan lo sucedido y admiten que la Justicia no estuvo a la altura de las circunstancias. "Fueron tres años durísimos, no sólo por la pérdida de José, sino porque la Justicia obró mal a propósito", contó a este medio Aldo, hermano del oficial, haciendo referencia a posibles "negociados", en los que estarían vinculados organizaciones terroristas mapuches y la intendencia local, y que podrían salir a la luz.
Los asesinos fueron identificados como Juan Carlos Zalazar Oporto —"Chino", nombre de guerra—, quien accionó el arma de donde provinieron los disparos que impactaron en el cuerpo de Aigo, y Alexis Alfredo Cortez Torres. Ambos responsables pertenecen a la organizaciones subversivas, con asiento en Chile, Movimiento de Izquierda Revolucionaría (MIR) y Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Poco días después del crimen, estas células clandestinas, que también tienen actividad terrorista en el sur argentino, hicieron público un comunicado donde tomaban como propio el "ajusticiamiento", en el marco de su "lucha revolucionaria".
"No son asesinos ni terroristas. Son revolucionarios, guevaristas, internacionalistas, libertarios, combatientes de la resistencia popular", reza la declaración, en un contradictorio párrafo que defiende a Zalazar Oporto y Cortez Torres, quienes ya tenían pedido de captura internacional por el asalto a un banco y la muerte de un carabinero, desde 1997. Se encontraban clandestinamente en nuestro país, con documentación falsa.
Hasta el momento, sólo fueron procesados Juan Marcos Fernández, quien conducía y era propietario del vehículo en el que se transportaban los terroristas al paso fronterizo, y su pareja, Analía Godoy. Fueron declarados culpables por un tribunal por falso testimonio y encubrimiento, condenándolos a tres años de prisión en suspenso. En segunda instancia, fueron absueltos. Esta decisión fue impugnada por un fiscal local —por pedido de los familiares y el abogado defensor—, ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y aún resta que este organismo se expida, con plazo máximo hasta el próximo 24 de abril.



EL ASESINATO

En un control de rutina, la madrugada del 7 de marzo del año 2012, en la ruta provincial 23, Aigo y su compañero Pedro Guerrero detuvieron una camioneta Mitsubishi blanca, al sospechar que la ocupaban cazadores furtivos. Habían sido alertados por sus pares de la cercana de Junín de los Andes, ya que el vehículo había evadido un control policial caminero, acción que demuestra que todos los ocupantes de este eran conscientes de la situación en la que se encontraban.
Al acercarse los integrantes del destacamento de la Brigada Rural con linternas a inspeccionar el transporte y al exigir que se revele el contenido de una mochila, fueron sorprendidos por tres disparos de nueve milímetros. Dos de ellos impactaron en el brazo y la zona lumbar de Aigo.
Guerrero repelió el ataque, con su arma reglamentaria, y obligó a replegarse a los dos terroristas atacantes, que se transportaban en el vehículo, hacía la cordillera. Detuvo al conductor, hijo del jefe comunal kirchnerista, y cargó el cuerpo de su compañero herido, quien falleció camino al hospital, dejando una viuda y dos hijos de siete y quince años, en ese momento. A Aigo le restaba un mes para retirarse de la fuerza y pensaba aceptar una propuesta de trabajo de administrar una estancia, con el que podía juntar el dinero necesario para que sus descendientes accedieran a una educación terciaria.
La policía neuquina montó un operativo de búsqueda terrestre y aérea, por toda la región. Contaron con un helicóptero, una avioneta, la división de canes, tecnología de visión nocturna, cien efectivos y la participación de unidades especiales. No los encontraron.
El último rastro de los asesinos fue la detección del arma, en una comunidad "mapuche", asentada en las cercanías de la frontera. Se sospecha que recibieron ayuda de personas que hoy integran el gobierno de Michelle Bachelet y de la intendencia de La Araucanía, para darse a la fuga y volver a la clandestinidad, concretando así una suerte de operativo retorno. En la camioneta abandonada ya se habían hallado casi tres mil pesos en efectivo y pasajes utilizados de avión que unían las rutas Venezuela - Bolivia - Argentina.
Familiares, amigos y compañeros se hicieron presente en el entierro de Aigo. No participaron de éste ningún integrante de la Confederación Mapuche (el oficial había nacido y criado en los campos de una reserva por estos aparentemente representada) ni ningún representante de organismos de seguridad del Estado Nacional, tratándose de un caído en cumplimiento de su función y de "conducta intachable", según afirman los que lo conocieron. La única reacción oficial fue de Nilda Garre, quien ordenó la intervención de Gendarmería... 17 días después cometido el asesinato.
DE TAL PALO...

El kirchnerista Juan Carlos Fernández es intendente de San Martín, desde el 2011. A principio del corriente año, buscó inscribir su nombre en la historia, en un hecho que debería ser caratulado como traición a la Patria: de forma unilateral e inconsulta decretó izar la bandera mapuche ("wenufoye"), en la centro cívico de la ciudad, junto al legítimo pabellón argentino.
Este atropello simbólico se realizó con la presencia de agrupaciones de izquierda y otras como Movimiento Evita, Jauretche y La Cámpora. Se llevó a cabo a pesar de que un nutrido grupo de vecinos se manifestaran en lo que llamaron "banderazo argentino", presentaran una negativa con cientos de firmas, y de que los concejales, en un arrebato de cordura, se opusieran firmemente.
El bien entrenado lonco local, Ariel Epulef, caracterizó a quienes se opusieron al izamiento como "genocidas" y "fascistas". ¿Será coincidencia que esta aberración se concretara en la ciudad que lleva el nombre del Libertador?

LA NACIÓN ANTE LA GUERRA DECLARADA

Así como sucede con la pasividad ante el avance del país boliviano en el norte de nuestra Patria o el nulo movimiento de tropas por el refuerzo militar británico en nuestras Islas Malvinas, las Fuerzas Armadas no toman cartas en la guerra declarada, hace ya tiempo, por el "Estado Mapuche", contra nuestra Nación. Con su inacción ante esta guerra de baja intensidad, el Gobierno Nacional admite de facto la inexistencia de hipótesis de conflicto, en su programa de Defensa.
Ya es de público conocimiento que la comisión directiva de esta organización tiene su sede en Bristol, Inglaterra, encabezada por Reynaldo Mariqueo y entre su comisión directiva figuran apellidos tales como Dean, Confer, Linchan, Stanley, Watson, Gallou, Brickey, Me Carthy, Chambers... que no gozan de credenciales mapuches. Su objetivo es tomar territorios, ricos en recursos naturales, entre otras cualidades, y exigir ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la Libre Autodeterminación de los Pueblos, creando un Estado dentro de otro Estados. Por esto, algunos optaron por denominar a esta organización como "British Malón".
Tampoco es novedad la conexión existente de estos grupos terroristas con otros de similares características, que operan en otros lugares del mundo. En 2009, Carlos Sapag, hermano del actual gobernador de Neuquén, denunció que elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) colaboraron estrechamente con la toma de tierras por parte de organizaciones mapuches. En 2013, el director general de la Policía chilena, José Riaño, aseguró que desde hacía cuatro años las FARC entrenaban y capacitaban "mapuches" en su país. A principios de este año, se denunció en las redes sociales la presencia en el país vecino de extremistas europeos, que habrían pasado a través de Uruguay y Argentina, quienes provistos de armas de guerra habrían cometido asaltos y establecido un campamento en la región de cordillerana.
El crimen de Aigo no es el único accionar terrorista donde se lamentan muertes, en la zona, en el último tiempo. También se vinculó a organizaciones chilenas, en 2010, la colocación de una bomba casera, que detonó frente a la escuela de Suboficiales de Rio Negro, en la ciudad de Cipolletti. En esa ocasión, se lamentó la muerte de José Domingo Maciel, un barrendero de 62 años, que en ese momento se encontraba trabajando en la calle.
Estos hechos se suman a las numerosas denuncias de empresarios y trabajadores rurales sobre "pequeños ejércitos" que queman cosechas, toman tierras, exigen tributos y que cometen otros tipos de atentados y asesinatos. También han circulado imágenes donde grupos de encapuchados desafían a los organismos de seguridad y exhiben su arsenal armamentístico, que incluye revólveres, armas largas y de guerra y otras de fabricación casera, como las "escopetas hechizas" (aquí popularizadas "tumberas").

INCENDIOS EN PATAGONIA


No sólo a asesinatos cobardes se han limitado las organizaciones extremistas mapuches en nuestro país. El novedoso plan de lucha de la "revolución" incluye el incendio de grandes porciones de tierra verde y milenarios e irrecuperables paisajes de la Patagonia, en lo que denominaron públicamente "Operación Tormenta de Fuego". De trascendencia nacional, estos hechos evidenciaron la incapacidad de respuesta rápida y eficaz del Gobierno argentino y los respectivos provinciales ante estos ataques y poco se ha investigado sobre el su trasfondo o verdadero origen.
Los incendios en el sur argentino son intencionales y estaban planificados de antemano. A través de Facebook, se los ha adjudicado el terrorismo mapuche. En el perfil personal de Salvador Penchulef, funcionario del municipio de Galvarino, Chile, y partidario del separatismo mapuche, anunció el 12 de octubre del año pasado los incendios que hoy se están sufriendo, con exactitudes en las fechas y magnitudes. Prosiguió enviando mensajes de gozo, que experimentó al "oler el humo".
La declaración online de hostilidades probablemente también explique el por qué de que aviones hidrantes y helicópteros que colaboraban en sofocar los incendios hayan sido atacados, recibiendo numerosos disparos de M-16. En todos los casos, los pilotos se salvaron "de milagro", según medios informativos.
Para mayor información y evidencias, remitirse a la página de la misma red social "Mapuches Go Home". En esta se explica que estas acciones se encuadran dentro de la táctica de guerra "tierra quemada", empleada otras veces a lo largo de la historia. Consiste en intimidar a las poblaciones locales, destruir sus medios de subsistencia y propiedades, aprovechando el bajo costo operativo.

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